En dialogo con el programa El Oso, de El Caletense Radio, el asesor legal de la Asociación Docente de Santa Cruz (Adosac), Enrique Papa, cuestionó duramente la multa de $13.842 millones aplicada por el Ministerio de Trabajo provincial por las medidas de fuerza llevadas adelante en los últimos meses.
El letrado calificó la sanción como “exorbitante, impagable y profundamente antidemocrática”, al tiempo que la definió como “un intento por eliminar la organización sindical y condicionar a toda entidad gremial que se oponga a las políticas del Gobierno”, recordando que esta es la segunda multa de este gobierno, la primera fue de 1.700 millones que ya está judicializada.
Papa explicó que, a su criterio, la resolución es “ilegal” porque el Ministerio carece de atribuciones para sancionar sindicatos. En este sentido, indicó que ley 23.551 establece que cualquier sanción a las organizaciones sindicales debe pasar por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. “Entendemos que hay argumentos más que suficientes para plantear la irrazonabilidad de este dictamen, la ilegalidad de este dictamen que contradice no solo la Constitución provincial y las leyes nacionales, sino también los convenios de la OIT, donde el convenio 154 establece específicamente que los órganos que dictan arbitrajes o conciliaciones obligatorias tienen que ser independientes”, señaló.
Además, sostuvo que el cálculo realizado para fijar la cifra de la sanción “es irreal” ya que se basó en listados planteados por Consejo Provincial de Educación (CPE). “Toma que hubo 8.000 y pico de trabajadores que pararon el 7, y 8000 y pico que pararon el 8, entonces, saca un promedio de ambos y en base a eso dice, son 8.400 y los multiplica por el salario de maestranza y, como le parece poco los 10.000 millones que da, le adiciona el 30% de agravantes”, precisó.
El asesor legal acotó que, si la Justicia validara este nuevo dictamen, el monto es impagable para la entidad gremial y apuntó duramente al gobierno. “El objetivo es la destrucción del sindicato, porque es imposible que el sindicato pueda poner ese dinero. Por eso, el objetivo de esta multa es profundamente antidemocrático, atenta contra la democracia sindical y habla muy mal de este Gobierno provincial que pretende liquidar a toda organización sindical que se oponga”, afirmó.
Por último, adelantó que este miércoles presentarán el descargo formal con pruebas y argumentos, y en caso de un fallo adverso, apelarán en todas las instancias posibles. “Seguiremos la vía hasta donde sea porque entendemos que se están atacando derechos constitucionales que son fundamentales”, concluyó.