La violencia institucional ejercida por el propio mandatario, quien tildó al joven de estar “del lado del mal” y utilizó su imagen para atacar a un periodista, es inaceptable en un Estado de derecho. Sus expresiones no sólo representan un desentendimiento absoluto de sus deberes como funcionario público, sino que además habilitan una ola de ataques y estigmatización hacia uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.  
Las personas con discapacidad no piden favores: exigen que se respeten sus derechos adquiridos, consagrados por normativas internacionales con jerarquía constitucional. Es inadmisible que quien ocupa el cargo más alto del Poder Ejecutivo utilice su investidura para atacar públicamente a un menor de edad. ¿Sabrá el Presidente del trabajo que se realiza a diario en escuelas e instituciones para erradicar el bullying?  
Hoy más que nunca se hace evidente por qué el colectivo de personas con discapacidad se encuentra movilizado en todo el país: el abandono, el silencio y el desamparo hacia el sector son totales. La violencia que promueve Javier Milei no puede naturalizarse. Frente a sus expresiones de odio, reafirmamos nuestro compromiso con una lucha que es de todos y todas, y que debe ser acompañada por toda la sociedad.  
Emergencia en Discapacidad: un reclamo urgente  
La situación que atraviesan hoy miles de personas con discapacidad y sus familias es desesperante. Las prestaciones básicas —como hogares permanentes, centros de día, terapias, docentes de apoyo, formación laboral y estimulación temprana— están en riesgo por la desactualización de aranceles, la burocracia y la falta de financiamiento.  La Ley 24.901 garantiza estas prestaciones, financiadas por el Fondo Solidario de Redistribución a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Sin embargo, el último aumento autorizado fue apenas del 0,5% en diciembre de 2024. Muchos establecimientos están endeudados y al borde del cierre. Profesionales dejan de atender por obras sociales, y miles de personas están perdiendo sus tratamientos esenciales.  
Por todo esto, desde este departamento reiteramos la necesidad urgente de que se declare la Emergencia en Discapacidad en nuestro país y que se adopten medidas concretas para garantizar los derechos y la dignidad de cada persona con discapacidad.