La imagen pública del gobernador Claudio Vidal, el vicegobernador Fabián Leguizamón y el diputado Pedro Luxen, difundida el lunes, fue un acto para proyectar armonía en un momento crítico. La foto, tomada tras anunciar una embestida en contra de las jubilaciones de privilegio en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), buscó enmarcar una narrativa de cohesión en torno a una agenda anticorrupción. Sin embargo, su verdadero propósito fue contener una crisis política que amenazaba con desgarrar al oficialismo, tras el retiro del bloque de Por Santa Cruz de una sesión legislativa clave el 9 de mayo, hecho que dejó al descubierto las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.  
La coyuntura no era casual: justo esta semana se destinó al debate de una la Ley Electoral Transitoria para regular elecciones anticipadas tras la derogación de la Ley de Lemas en 2024, un cambio que no previó mecanismos de contingencia. La muerte del presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, agravó este vacío, forzando al gobierno a improvisar.
La foto, en este sentido, funcionó como un escudo contra las críticas por falta de planificación, al tiempo que intentó desviar la atención del escándalo por el desafuero del diputado Fernando Españón, acusado de abuso sexual y de autoridad, cuyo tratamiento viene evitándose desde hace semanas.  
Detrás de las sonrisas, las tensiones persisten. Luxen, líder del bloque Por Santa Cruz y aliado incondicional de Vidal -antes de asumir su banca en el Legislativo fue su ministro de Gobierno-, mantiene un pulso con Leguizamón por el control de la Legislatura. El vicegobernador, por su parte, enfrenta una doble presión: dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), donde su movimiento Radicales por Santa Cruz intenta recuperar terreno frente al sector de la diputada Roxana Reyes, y en su alianza con Vidal, cuestionada por sectores radicales que la ven como una subordinación al oficialismo. La foto, así, fue también un mensaje a la UCR: Leguizamón sigue siendo un actor relevante, capaz de articularse con el núcleo duro del gobierno.  
El concreto de la foto fue otro gesto de la ofensiva del Ejecutivo contra el TSJ, dominado por jueces vinculados al kirchnerismo. La propuesta de eliminar jubilaciones millonarias para magistrados —respaldada por Leguizamón— mezcla un reclamo legítimo de equidad con una pulseada política por el control judicial. Sin embargo, esta estrategia generó roces institucionales, como el rechazo de la Asociación de la Magistratura, que acusó al gobierno de atacar la independencia judicial.