Con el argumento de que podrían verse afectadas futuras inversiones, el Poder Ejecutivo de Santa Cruz vetó de manera total la ley que proponía elevar del 3 al 5 por ciento las regalías mineras para los nuevos proyectos que ingresan en etapa de explotación. La norma había sido votada por unanimidad en la Legislatura, en abril pasado.
La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Jara, Vicepresidente 1° de la Legislatura, con el objetivo de aumentar el reparto de fondos entre los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia para fortalecer las finanzas locales y generar mayores recursos para atender demandas sociales y de infraestructura.
Durante la defensa del proyecto, Jara dio un acalorado discurso en el que expresó que “la gente se está recagando de hambre”, e hizo referencia a la pérdida de empleo, al cierre de comercios y a familias que están vendiendo bienes y viviendas para abandonar la provincia en busca de nuevas oportunidades.
Pero ahora, el gobierno de Claudio Vidal, decidió marcha atrás. La decisión, que causó malestar en algunos diputados, estaría motivada en que una suba en las regalías podría afectar la llegada de nuevas inversiones mineras en Santa Cruz, especialmente en un contexto donde varios proyectos se encuentran en etapa de exploración y definición para los próximos años.
La ley establecía que el nuevo esquema de regalías se aplicaría únicamente a aquellos emprendimientos que iniciaran la construcción de su etapa de explotación luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.743. 
De acuerdo con el proyecto, el incremento representaba cerca de un 70 por ciento más de ingresos respecto de lo que actualmente percibe la provincia por este concepto. Ese dinero sería coparticipado de manera equitativa entre todas las localidades y comisiones de fomento de Santa Cruz.
Ahora, el veto será analizado la próxima semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Allí comenzará el debate legislativo para definir si se acepta la decisión del Ejecutivo o si se impulsa una insistencia parlamentaria para sostener la ley. 
Para que la norma quede firme pese al veto, los diputados deberán reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos en el recinto.