La mañana de este miércoles en Santa Cruz fue testigo de una inédita superposición de eventos que profundizó la crisis judicial provincial. En lo que pareció una carrera contra el tiempo, mientras el vicegobernador Fabián Leguizamón y el juez Daniel Mariani presidían la jura de Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De La Vega -completando así los cuatro vocales de la ampliación del Tribunal Superior-, los cuatro magistrados titulares del TSJ ya habían difundido un extenso comunicado fundamentando su posición y, acto seguido, emitían resoluciones haciendo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio judicial que suspende todos los efectos de la ley de ampliación.
La tensión institucional alcanzó tal nivel que, ya pasando el mediodía, el diputado nacional José Luis Garrido presentó formalmente un proyecto de ley solicitando la intervención federal del Poder Judicial santacruceño por 180 días. "Es necesario garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia", argumentó el legislador.
El comunicado de los vocales Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, fechado este 8 de octubre, constituye la explicación más detallada de su posición. En el documento, los magistrados sostienen que su oposición "nada tiene que ver con la calidad personal y la capacidad técnica de las personas propuestas, sino que por el contrario, tiene su fundamento en una cuestión institucional de protección de la seguridad jurídica".
Los vocales detallan cronológicamente los sucesos que llevaron a la actual crisis, destacando especialmente el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por los jueces Bersanelli y Quintana. "Tal incumplimiento es denunciado en sede penal por dos Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por la posible comisión de los delitos de Desobediencia", revela el documento.
La resolución posterior que suspendió la ley de ampliación y las designaciones, fundada en la cautelar presentada por el gremio judicial "3 de Julio", prohíbe específicamente a los nuevos magistrados "intervenir, en cualquier carácter, en el estudio, deliberación, conocimiento, integración de acuerdos, emisión de votos, firma de resoluciones y demás decisiones jurisdiccionales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia" por un plazo de cuatro meses.
Mientras tanto, en el acto de jura matutino, las tensiones se hicieron visibles cuando Daniel Mariani comentó en voz alta "ni un vaso de agua me dieron", recibiendo minutos después un único vaso con agua en lo que reflejó las profundas divisiones internas. La resolución de los vocales titulares incluyó además una orden a todos los juzgados de la provincia de "abstenerse de manera estricta e inmediata de recibir o acatar instrucciones, directivas u órdenes emanadas del doctor Daniel Mauricio Mariani".
La crisis judicial santacruceña muestra así un nivel de confrontación sin precedentes, con dos autoridades judiciales reclamando la presidencia del TSJ, cuatro vocales designados impedidos de ejercer y un legislador nacional pidiendo la intervención federal, configurando un escenario de ingobernabilidad judicial que parece lejos de resolverse.